República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 19 de julio de 2011
EL TIEMPO
PRESENTARÁN PROYECTO DE LEY PARA CONTROLAR LA NATALIDAD EN COLOMBIA
Gilma Jiménez, su autora, dijo que será un código de paternidad y maternidad responsable.
La senadora Gilma Jiménez, autora del proyecto de ley que busca condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, presentará un nuevo proyecto que generará, tal vez, más polémica que el anterior: un código de paternidad y maternidad responsable.
Según Jiménez, su iniciativa busca que se frene la situación de violencia que sufre un alto porcentaje de niños en Colombia, precisamente por parte de sus progenitores.
"En lo que va corrido del año más de 40 niños y niñas han sido asesinados, y cientos más han sido víctimas de tentativa de homicidio, lo que algunos denominan maltrato infantil o violencia intrafamiliar. En muchas de esas absurdas muertes y atentados, existen escalofriantes coincidencias que hacen previsibles esos asesinatos y violencias, entre otras, un entorno familiar de adultos irresponsables", señala la senadora.
Según su nueva propuesta, el código de paternidad y maternidad responsable se debe constituir como una política contundente en materia de salud sexual y reproductiva.
Uno de los puntos que generará más polémica tiene que ver con la implementación de programas de planificación temporales y definitivos.
"No es que los más pobres no puedan tener hijos, pero sí deben ser concientes de que no pueden traer al mundo niños por los que no pueden responder; niños no deseados que podrían ser víctimas de violencia", comenta Jiménez.
Otro tema de esta propuesta busca que los subsidios del Estado para la población más vulnerable estén sujetos a un esquema de responsabilidad en materia reproductiva. "Debemos liquidar ese incentivo perverso de tener hijos para lograr ayudas", advierte la senadora.
Los hombres que no reconozcan y respondan, por lo menos materialmente por sus hijos, serían sancionados social y penalmente, y perderían sus empleos, según esta iniciativa.
"Las mujeres que se dediquen a traer hijos al mundo, por los que no pueden responder, deben perder su custodia, oportunidades y ayudas", dice la senadora, quien afirma que en Colombia la mujer está sobreprotegida, desconociendo, en muchos casos, que ellas también son autoras o cómplices de la violencia contra sus propios hijos.
ENTUTELAN PENSIÓN DE EX MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Abogados del Instituto del Seguro Social (ISS) instauraron el lunes una acción de tutela contra el fallo que ordenó pagarle a Adelina Covo, ex magistrada del Consejo Nacional Electoral, una pensión por encima de los topes legales.
ELTIEMPO.COM estableció que la acción fue presentada ante la Corte Suprema y pone en entredicho la decisión de la juez Fanny Buchely Hurtado, quien le ordenó al Seguro, en septiembre pasado, pagarle a Covo 17 millones 774 mil pesos.
A pesar de que el ISS le había negado tres veces la pensión alegando que no cumple con los requisitos de ley -no la cobija el régimen especial-, la juez Buchely argumentó la protección del debido proceso y la seguridad social.
Además, le dio al Seguro cinco días para revertir las resoluciones de la seccional Atlántico que se oponían a las pretensiones de Covo.
Pero esa no es la única medida en torno a este caso. El Seguro también le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que desarchive una queja interpuesta contra la juez Buchely, y prepara una denuncia en su contra por el delito de prevaricato.
Este diario intentó ubicar a la juez, pero, según la Judicatura, se retiró de la rama en enero pasado, tres meses después de emitir el polémico fallo a favor de Covo.
Por su parte, Covo -que ya ha recibido cerca de 170 millones de pesos- manifestó que no se va a referir al tema. "Lo que quieren es dañar mi nombre y más de 35 años de servicio público", dijo.
Vienen otras
Sin embargo, esta no es la única pensión que será cuestionada. ELTIEMPO.COM estableció que en el alto Gobierno circula un listado de al menos 70 ex funcionarios de la Fiscalía y de la rama judicial que hoy gozan de mesadas a las que no tienen derecho.
Algunas de ellas fueron concedidas por Cajanal y también se preparan medidas judiciales para revertirlas.
NI LA TUTELA PARECE FUNCIONAR CON LAS EPS EN VILLAVICENCIO
Algunos medicamentos que cuestan menos de $10.000 no las cubre el POS, según algunos afectados.
Hay 126 tutelas en curso a 24 entidades de salud por desatención a pacientes.
A Diego Laverde Herrera, vendedor ambulante, de 59 años, le diagnosticaron cáncer en su ojo derecho y desde hace nueve meses está literalmente mendigando que Comparta, la EPS a la cual está afiliado como subsidiado, le autorice un tratamiento para sobrellevar su enfermedad.
"Como ya casi no veo no puedo trabajar, estoy viviendo en la calle y de la caridad y ni aún así me quieren ayudar en la EPS. Puse una tutela y tampoco me pusieron atención", afirmó Diego visiblemente afectado por la gravedad de sus dolencias.
Según la Personería local, 20 de cada 25 casos que atiende a diario son relacionados con conflictos entre pacientes y EPS por atención inadecuada.
Para la abogada Consuelo López, asesora jurídica de la Personería, lo más preocupante es que la tutela parece ya no ser suficiente para que las entidades de salud cumplan con su razón de ser. Brindar atención médica integral a sus usuarios.Prueba de ello es que 36 por ciento de las 126 tutelas que cursan en contra de 24 entidades de salud en Villavicencio hayan sido atendidas a regañadientes por incidente de desacato.
Las estadísticas de la Personería muestran una realidad ya inocultable; la justicia se convirtió en la salida más efectiva de los pacientes contributivos y subsidiados para acceder a una cita especializada, un medicamento o un examen.
La Secretaría de Salud también ha tenido que poner a trabajar a sus abogados por casos similares al del sistema privado.
Funcionarios de EPS consultados que prefirieron reservar su identidad, afirmaron que las multimillonarias deudas con las prestadoras de servicios (IPS) facilitan que cada día crezcan casos similares al de Diego, quien sigue optimista de encontrar ayuda.
Investigan red de 'tinterillos'
Para el director de Seguridad Social de la secretaría de Salud local, Alejandro Daza, hay varios factores que influyen en la 'tutelitis' a las entidades de salud pública y privada.
Si bien reconoce que hay inconvenientes en la prestación del servicio médico, admite que no en todos los casos las tutelas son la herramienta para obtener el servicio en menos tiempo.
"Hemos descubierto redes de 'tinterillos' que asesoran mal a la gente con el fin de pescar en río revuelto y eso lo estamos investigando, con las EPS nos reunimos cada 15 días y evaluamos los problemas más críticos, la crisis es general en el país", explicó.
EL ESPECTADOR
LAS UNIVERSIDADES SIGUEN EN DESACUERDO
Reforma a la educación, en la arena política
El Ministerio de Educación radicará, después de meses de discusión, su proyecto de reforma a la Ley 30 de educación de 1992.
Llegó la hora de la educación superior en el Congreso. Después de más de cuatro meses de foros, conferencias y reuniones con los gremios de educación universitaria y técnica y tecnológica, el Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra María Fernanda Campo, presentará este miércoles el proyecto de reforma a la ley de educación. El articulado final incluye buena parte de las recomendaciones de los rectores, en cuanto a temas como autonomía, financiación e internacionalización.
La ministra declaró, en entrevista con El Espectador, que ya había comenzado el trabajo con algunas bancadas en el Congreso. La iniciativa tendrá cuatro debates, pero todavía no es claro si entrará por Cámara o Senado. Las dos asociaciones universitarias metidas en la batalla, Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) y Sue (Sistema Universitario Estatal), advirtieron que estarán pendientes del proceso político, pues aunque el ministerio incluyó en el documento definitivo los artículos de la ley estatutaria sobre autonomía, las universidades siguen en desacuerdo en cuanto a la creación de universidades con ánimo de lucro y la distribución de los recursos.
La iniciativa plantea que las instituciones de educación superior recibirán 1.5 billones de recursos adicionales y que serán distribuidos según los criterios de calidad propuestos por el Gobierno. Las universidades, en desacuerdo y con una posición crítica frente a temas como la autonomía de las instituciones técnicas y tecnológicas, proponen que el 50% sea transferido siempre y que la otra mitad sí se otorgue a través de dichos criterios.
Esa no es la posición del sector técnico y tecnológico. Carlos Prasca, vocero de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas, dijo que el proyecto les “trae inmensas ganancias a las instituciones de educación superior”. Los establecimientos educativos, durante la presentación final del proyecto en el Ministerio de Educación, apoyaron la reforma y dieron su respaldo total al ministerio.
Si la ley pasa sin modificaciones, las instituciones técnicas y tecnológicas tendrían la misma autonomía administrativa y presupuestal que las universidades y, de esa manera, una mayor posibilidad de acreditarse y ofrecer programas de pregrado, posgrado, doctorado y maestría.
Ascún se reunirá el lunes en la tarde para definir su posición y la ruta a seguir. Con el articulado en las manos, los representantes de universidades e instituciones técnicas y tecnológicas apenas comienzan el camino político de la reforma.
¿QUÉ PASÓ EL 20 DE JULIO?
Por: Aura Lucía Mera
Mañana termina el año del bicentenario del grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada, después llamado República de Colombia.
Vale la pena recordar que esta festividad, celebrada hace 100 años con bombos y platillos, con amor patrio y fervor, en su segundo centenario no mereció ningún acontecimiento digno de recordar. Samuelito el Breve se limitó a inflar globos de helio por toda la capital, que por cierto costaron millones de pesos, y una marcha a caballo desde los Llanos Orientales hasta Bogotá, que nunca nadie comprendió qué significaba y qué pretendía, con la excepción de demostrar que nuestro ex era un buen jinete. Recordemos también que el Bicentenario de la Batalla de Boyacá no será hasta 2019.
La capital de la República, léase Bogotá, donde quebraron el florero y se insultaron a destajo, fue olímpicamente ignorada tanto por el expresidente como por el suspendido burgomaestre en cuestión. Ningún monumento conmemorativo. Ninguna publicación para recordar. Ningún foro de historiadores de la talla de Antonio Cacua Prada, Santiago Díaz Piedrahíta o Roberto Velandia... Para colmo de males, invitaron a algunos historiadores foráneos y el festejo fue en Cartagena. Digno de Ripley. Pero así es este país del Sagrado Corazón.
Afortunadamente la Editorial Panamericana publicó. Qué pasó el veinte de julio, con la colaboración de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, escrito por Juan Vitta Castro, reconocido periodista e investigador, autor de Las islas encantadas, Secuestrados, la historia por dentro y Las Galápagos, mucho más que unas islas.
Un libro que puede leerse como un gran reportaje hecho a los que vivieron esos momentos decisivos de nuestra historia, como a los historiadores actuales que nos relatan su visión de esos mismos acontecimientos. Un libro ágil, de tono periodístico, que nos lleva a saborear, emocionarnos y profundizar un poco sobre nuestra historia ya tan olvidada, o bastardeada a punta de telenovelas y textos ilegibles por pesados y aburridores.
Sería fenomenal que la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, lo incluyera como texto educativo. Parte de lo que nos sucede es que no conocemos nuestra historia. Los personajes que nos abrieron camino están todos sepultados bajo la capa del olvido. Esta es la ocasión propicia para volver a imprimir en las mentes de los jóvenes todos aquellos momentos que nos han conducido, con aciertos y errores, a ser el país actual.
El 20 de julio fue mucho más que un intercambio de palabrotas y la quebrada de un florero. Fue el resultado de muchas cosas, muchas ideas, muchos sacrificios y muchas circunstancias. El 20 de Julio no es sólo un barrio de Bogotá donde existe un santuario en homenaje a un Niño Milagroso, al cual se rezan novenitas, donde se va de romería, se compran rosarios y de pronto algunos confiesan sus pecados.
Bien por Panamericana, que sigue recopilando nuestra historia, la de nuestros próceres, nuestras luchas, nuestras intrigas y nuestros logros.
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 EN PERSPECTIVA (II)
Por: Rodrigo Uprimny
En su columna del 7 de julio, Eduardo Posada Carbó considera que es "una pobre defensa de la Constitución de 1991" sostener que ésta rompe con la tradición constitucional colombiana y se distingue de las anteriores por no haber sido la imposición de los vencedores.
Esta tesis es para Posada falsa y equivocada, pues desconoce que hubo constituciones de consenso, como la de 1853. Y que incluso constituciones nacidas de victorias bélicas, como la de 1886, no fueron meras imposiciones, pues respetaron la esencia del constitucionalismo liberal y se transformaron con los aportes ulteriores de los vencidos.
Esta discusión, que Posada plantea con el rigor que lo caracteriza, es relevante, pues es importante situar en su justa perspectiva la Carta de 1991.
Como en mi anterior columna defendí una tesis semejante a la criticada por Posada, y creo que conviene enriquecer el debate sobre nuestra historia constitucional, intento precisar mi tesis frente a sus objeciones.
Posada tiene razón en que Colombia tiene una rica tradición de adhesión al constitucionalismo. Hemos tenido pocos años de dictadura. Y por ello acierta en señalar, en su columna y en sus libros, como La nación soñada, que incluso quienes ganaron las guerras civiles, como Núñez, no impusieron dictaduras sin reglas, sino que adoptaron constituciones que reconocían derechos y la separación de poderes.
Las constituciones de los vencedores fueron “cartas de batalla”, según la expresión de Valencia Villa, pero no dejaron de ser cartas constitucionales, que tuvieron cierta eficacia normativa. Esta adhesión colombiana al constitucionalismo nos ha evitado caudillos dictatoriales que proliferaron en otros países, como Páez o Juan Vicente Gómez en Venezuela, Rosas en Argentina, o Porfirio Díaz en México. Y gracias a élevitamos la autoperpetuación en el poder de Álvaro Uribe.
Igualmente tiene razón Posada en que, fuera de la de 1991, hubo otras constituciones que fueron acuerdos entre bandos enfrentados, como la de 1853 o la de 1832.
Es pues cierto que la Constitución de 1991 no es una ruptura total con el pasado y que conviene recuperar nuestra rica tradición constitucional, que sin embargo ha convivido con autoritarismos y violencias terribles, lo cual Posada a veces minimiza.
Esta conclusión no debe sin embargo llevarnos a minimizar la novedad y originalidad del proceso constituyente de 1991. Con algunos matices, la tesis de mi columna se sostiene: las constituciones que precedieron a la de 1991 durante más o menos siglo y medio tendieron a ser imposiciones de los triunfadores, lo cual generó limitaciones a su capacidad de convertirse en pactos sociales legítimos. La de 1863 fue producto de la victoria del radicalismo liberal y la de 1886 fue expresión del triunfo de Núñez y la “Regeneración”. También ocurrió con la de 1843, que es producto del triunfo del germen del partido conservador, los llamados “Ministeriales”, en la guerra de los supremos. Y si la de 1886 logró cierta aceptación fue por las reformas de 1910 y 1936 que limitaron su autoritarismo confesional.
Frente a esas experiencias previas la Constitución de 1991 adquiere su originalidad pues, en una crisis profunda, el proceso constituyente fue un esfuerzo relativamente exitoso por lograr un pacto político de ampliación democrática, entre fuerzas diversas que habían estado enfrentadas.
Obviamente el proceso y la Carta de 1991 distan de ser perfectos y muchas de sus promesas están aún por realizarse. Pero no creo que sea una defensa pobre resaltar ese esfuerzo que hubo por hacer de la Constitución un pacto incluyente y no una imposición de los vencedores.
EL NUEVO SIGLO
NUEVE TEMAS GRUESOS DE LA NUEVA LEGISLATURA DE LA UNIDAD NACIONAL
Algunos de los más importantes puntos de la agenda del Gobierno en el próximo año.
Tan ambiciosa como la primera será la segunda legislatura de la Unidad Nacional.
Estos son sólo nueve de los más importantes puntos de esa agenda.
Reforma a la Justicia
El ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas la ha considerado como “inaplazable”, a pesar de la falta de consenso entre Gobierno y Rama Judicial en torno a temas como la tutela, por lo que el encargado de dirimir las diferencias será en Congreso.
Vargas resaltó que, por ejemplo, la iniciativa promueve “un conjunto de estrategias, algunas ya en marcha, como las reformas a los procedimientos”, para avanzar en la descongestión judicial.
El funcionario indicó que el Gobierno insistirá en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Reforma a la Educación Superior
El Gobierno ha anunciado que busca aumentar la cobertura y mejorar la calidad; y que mediante convenios las universidades públicas puedan aceptar inversión privada, sin que, de acuerdo con el Ejecutivo, suponga privatizar.
Reglamentación a las Regalías
El Acto Legislativo que reformó el Sistema General de Regalías, tras ser promulgado ayer en Tumaco, Nariño, debe ser reglamentado para precisar, entre otras cosas, quién y cómo administrarán los recursos que hacen parte del Sistema, cuál debe ser la distribución de dichos dineros en áreas como Ahorro y Estabilización, Ahorro Pensional, Ciencia y Tecnología; además de quién puede beneficiarse de esas partidas, así como cuál va a ser la conformación y operatividad de los órganos colegiados de administración.
Nuevo ente de la televisión
El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Diego Molano, anunció que en los próximos días presentará el proyecto de ley que da vida jurídica al ente que reemplazará a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
Según el Ministro, todas las redes de telecomunicaciones van a ser regladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, las bandas por la Agencia del Espectro y los contenidos de la televisión van a estar a cargo de un ente independiente, de un centro que promocione el desarrollo de la industria de los contenidos en Colombia. “Serán tres entidades distintas, especializadas, y los contenidos de televisión no estarán a cargo del Gobierno de turno, sino de un ente independiente. Sin embargo, la Comisión seguirá viva por los próximos seis meses, tal y como dice el proyecto de acto legislativo”, afirmó Molano.
Ley General de Tierras
Como lo expresó editorialmente EL NUEVO SIGLO, “si bien es cierto que la agenda legislativa tiene este año muchos temas gruesos” no hay duda de que “la iniciativa que apunta a concentrar todos los debates de fondo será la discusión en Senado y Cámara de Representantes del nuevo estatuto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural. Bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, dicha iniciativa busca recoger, ordenar, actualizar y complementar toda la legislación en estos dos aspectos claves del agro”.
Reforma a las CAR
El Gobierno lleva varios meses socializando su iniciativa de reformar las Corporaciones Autónomas Regionales, con la que busca acabar las deficiencias en el funcionamiento de las autoridades ambientales a nivel seccional. Habrá cambios tanto en su estructura interna como en las funciones que desarrollan en materia de política ambiental. El Gobierno intentó hacer esta reforma constitucional al amparo de la emergencia decretada para hacer frente al invierno, pero la Corte Constitucional tumbó el decreto.
Reforma tributaria
En el segundo semestre del año, en concordancia con lo anunciado desde enero por el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, será presentada una reforma tributaria estructural que tendría como objetivo bajar impuestos como el de renta, para elevar la competitividad de las empresas, formalizar la economía y fomentar el empleo. En esta legislatura fue aprobada una minirreforma tributaria, que prolongó el tributo del cuatro por mil hasta el 2018.
Sin embargo, algunos sectores legislativos le señalaron a este Diario que no creen que esta reforma sea estructural, sino que será como la que presentan todos los gobiernos todos los años.
Códigos
Seguirán su trámite iniciativas como el Código General del Proceso, el Estatuto Arbitral, los Códigos de Régimen Municipal y Departamental, el Código Penitenciario y el Código Electoral.
Retomado lo ya mencionado por el ministro Vargas sobre políticas de descongestión judicial, “para lograr este cometido fue aprobado el nuevo Código Contencioso; además hizo tránsito el General del Proceso, y llevaremos el Estatuto Arbitral al Congreso”.
El Código Electoral que impulsará el Gobierno crea reglas para fortalecer la institucionalidad de los partidos e incluiría medidas relacionadas con la confección de listas y reformas de las circunscripciones electorales.
También está el Código Minero, que establece, según Vargas, blindaje y protección “a las comunidades más vulnerables”, además de “regular el sector para permitir un desarrollo sostenible”; y el Código de Tránsito, que “es necesario para cumplir la meta de reducir en un 50 por ciento los muertos en accidentes, introducir el concepto de puntos en las licencias de conducir y reducir la corrupción en los trámites”.
Reforma a Justicia y Paz
Aunque esta no es una iniciativa de origen gubernamental, es la consecuencia lógica de la que sí impulsó el Ejecutivo en diciembre pasado para sacar del limbo jurídico a un número incierto de paramilitares desmovilizados, cuya cifra varía según quien la exprese.
Luego de que la Corte Suprema decidiera que sea la justicia ordinaria la que juzgue a Ramón Isaza y otros 36 desmovilizados por crímenes cometidos después de la promulgación de la ley de Justicia y Paz, la Fiscalía comenzó a preparar un proyecto que presentará en los próximos días al Congreso para ampliar la vigencia de la ley para los delitos cometidos por grupos armados, que hoy es el 25 de julio de 2005.
Reglamentación de Ley de Víctimas
Por lo pronto, ya comenzó a conformarse la Comisión Legal de seguimiento a la Ley de Víctimas, creada a través del artículo 202 del propio articulado aprobado en la legislatura pasada y que se encargará de revisar los informes que el Gobierno Nacional deba presentar dentro de los primeros 10 días de cada periodo respecto a las atribuciones que se le confieren mediante la Ley 1448 de 2011, así como sobre las medidas tendientes a mejorar las condiciones sociales, psicológicas y económicas de las víctimas.
LISTA NUEVA TERNA PARA GERENTE DE RAMA JUDICIAL
Consejo Superior de la Judicatura entrevistará a los aspirantes que escogió la Comisión Interinstitucional.
A UN mes de que se cumplan dos años de haber iniciado el proceso de elección del Director Ejecutivo de la Administración Judicial, la Comisión Interinstitucional de esa Rama del poder público conformó la nueva terna, tal como lo había ordenado la Corte Constitucional.
Sus integrantes son Martha Catalina Velasco, Diógenes Villa y Sandra Lisset Ibarra, quienes serán entrevistados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el miércoles de la próxima semana.
Esta es la tercera vez que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General y un representante de los funcionarios y trabajadores judiciales, conforma la terna, pues hace un mes la Corte Constitucional le ordenó a la Comisión rehacerla al revisar una tutela interpuesta por uno de los participantes en el concurso que abrió el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la elección del Gerente de la Rama, alegando que los escogidos no cumplían con los requisitos exigidos en la ley.
Antes que la Corte avocara el conocimiento de dicha tutela, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había proferido la misma orden.
Al poco tiempo, la Comisión Interinstitucional, con algunas demoras, diseñó una nueva terna y la envió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, a mediados de diciembre pasado, cuando la Corte Constitucional avocó la revisión de la tutela en mención, la Sala Administrativa tuvo que detener el proceso de elección, hasta hoy.
Para dar cumplimiento al fallo, el dos de junio pasado la Comisión abrió la convocatoria para todos aquellos que estuvieran interesados en desempeñar la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, encargada de manejar el presupuesto que anualmente el Gobierno le gira a la Rama.
Dicha convocatoria se cerró el pasado 13 de junio, en la que resultaron inscritas 50 personas, y 15 fueron descartadas por no cumplir los requisitos exigidos en la Constitución y la Ley. En esta última lista fueron descartados en su gran mayoría, por no tener acreditada la maestría exigida por la ley, o por no aportar la cédula.
No obstante, de la lista inicial que estudió la Comisión, quedaron por fuera de la terna nombres como el de Juan Carlos Abuabara, quien fue el que interpuso la tutela contra la primera terna conformada, Juan Carlos Yepes, quien ejerció como Gerente Judicial hasta agosto del 2009, cuando inició el proceso, y el actual director ejecutivo encargado Carlos Ariel Useda.
La controversia en la elección del Gerente inició a finales del 2009 cuando la Sala Administrativa se opuso a votar por la terna original al presentar objeciones contra las calificaciones de los postulados.
Este hecho hizo que se dilatara aún más el proceso, y se configuró un tire y afloje entre la Comisión Interinstitucional y la Sala Administrativa, pues mientras la primera se mantenía en no cambiar la terna, la segunda se oponía a votar si no era modificada, hasta que fue interpuesta la tutela.
La Comisión no quería cambiar la terna, pues había sido escogida por los presidentes de las altas Cortes del 2009 y los dignatarios del 2010 habían adquirido el compromiso de sus antecesores de no realizar cambios en la misma.
No obstante, una vez fue escogida la nueva terna, integrada por Juan Carlos Abuabara, Ernesto Orlando Benavides y Carlos Ariel Useda, algunos señalaron que no cumplía con la ley cuota de género.
MAGNICIDIOS Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
LA decisión de la Fiscalía en el sentido de declarar como crímenes de lesa humanidad los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (1984) y el titular de esa misma cartera Enrique Low Murtra (1991), tiene dos lecturas.
De un lado, es plausible que el Estado colombiano esté cerrando la puerta a que el fantasma de la prescripción amenace con dejar en la impunidad crímenes que no sólo causaron gran conmoción en todo el país, sino que provinieron, según las investigaciones, de instancias del narcotráfico en represalia por la valiente labor cumplida por las víctimas en la lucha contra este flagelo.
Está más que claro que las mafias y su alto poder de infiltración en lo público y lo privado estuvieron, sistemáticamente, detrás de muchos asesinatos de funcionarios públicos, militares, policías, jueces, fiscales, periodistas y dirigentes políticos, sociales, económicos y gremiales que nunca se resignaron a que el narcotráfico cooptara al país.
Hasta allí es destacable que los crímenes contra Lara y Low sigan bajo la lupa judicial para esclarecer un cien por ciento la autoría material e intelectual.
Sin embargo, como lo hemos reiterado en estas páginas, la alternativa de declarar los magnicidios como crímenes de lesa humanidad puede llegar a ser contraproducente en la medida en que flexibiliza la obligación estatal de impartir pronta y cumplida justicia. Que crímenes que se cometieron hace diez, quince, veinte, veinticinco o más años aún sigan en la impunidad es, sin duda alguna, una tacha para la institucionalidad colombiana. Y más aún lo es que en varios de los procesos de investigación, las pistas sobre los móviles de los asesinatos provengan no de las pesquisas esforzadas y sin pausa de las autoridades, sino de las delaciones y cruce de acusaciones entre instancias criminales y mafiosas, muchas veces empujadas por la urgencia de hacerse a rebajas penales y penitenciarias. Y, lo peor, es que los señalamientos casi siempre recaen sobre delincuentes muertos que, obviamente, no pueden replicar.
CMI LA NOTICIA
¿HABRÁ O NO HABRÁ VISTO BUENO PARA EL MATRIMONIO GAY EN COLOMBIA?
¿Dará o no dará el visto bueno la Corte Constitucional al matrimonio gay en Colombia?
La historia es la siguiente: en enero, la Corte recibió una demanda contra el artículo 113 del Código Civil, que consagra el matrimonio como un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Las organizaciones que se oponen a la norma sostienen que de entrada se está desconociendo la unión entre parejas del mismo sexo.
El magistrado ponente de la demanda, Gabriel Eduardo Mendoza, radicó ponencia negativa; argumenta que la familia es una institución fundamentada en la unión de un hombre y una mujer, y señala que de por medio están los derechos de los niños. La posición del ponente la respaldan los magistrados Nilson Pinilla y Jorge Pretelt. Sin embargo, otro sector de la Corte apoya el matrimonio entre parejas del mismo sexo; entre ellos están los magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Juan Carlos Henao y Jorge Iván Palacio. Ahhh, pero además hay un tercer sector de la Corte que cree que el tema no es estrictamente de carácter jurídico y que más bien le corresponde al Congreso legislar sobre la materia: esa es la posición de los magistrados Mauricio González y Humberto Sierra Porto.
La cuenta regresiva arrancó. La Corte Constitucional tiene plazo hasta el próximo viernes para pronunciarse sobre el tema.
CARACOL RADIO
CONSEJO DE ESTADO EVALÚA SI PRESENTA POR SEPARADO PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, anunció que las altas cortes, encabezadas por su corporación, presentarían al Congreso un proyecto de reforma constitucional a la justicia.
“En este momento la Sala Plena del Consejo de Estado, con un estudio dedicado, viene examinando cual es el panorama y cuál es el paso que deba darse, la conclusión todavía es objeto de análisis, no se descarta presentar proyecto de acto Legislativo”, indicó.
Fajardo agregó que esta decisión esta siendo sometida a un profundo análisis para determinar el contenido del proyecto de acto legislativo.